¡Somos pueblo, somos minga! Marzo 29 . de 2019
Desde el pasado 10 de marzo, mas de 5.000 indígenas pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), junto con comunidades campesinas, afrodescendientes y otros procesos populares se encuentran adelantando la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz, ejerciendo su derecho a la movilización y a la protesta social, motivados por el incumplimiento de más de 3.000 acuerdos pactados en el suroccidente colombiano con anteriores gobiernos.
También motiva la protesta la exclusión de sectores estratégicos dentro del Plan Nacional de Desarrollo que se viene debatiendo en el Congreso, puntualmente la ausencia del campesinado en las políticas estatales, la desfinanciación de los compromisos asumidos con el movimiento estudiantil, el bajo presupuesto para la implementación del acuerdo de paz, la escasa inversión en los departamentos más golpeados por el conflicto, entre otros aspectos que agravarán la situación que viven nuestros territorios.
La respuesta del gobierno de Duque ha sido la indiferencia, estigmatización y criminalización contra la Minga, lo cual se evidencia con su negativa a reunirse con los dirigentes de la movilización, combinada con una despiadada represión, hostigamientos y amenazas por parte de agentes del ‘escuadrón de la muerte’ ESMAD, dejando como resultado centenares de heridos y la muerte de 9 indígenas nasa en el Valle del Cauca, en circunstancias que son materia de investigación.
Lo anterior deja ver cuál es la principal política para las comunidades por parte del gobierno de Iván Duque: una réplica actualizada de la ‘seguridad democrática’ que da tratamiento militar a la protesta social, proscribe el delito político y persigue el justo derecho del pueblo a rebelarse. Esto se aprecia con facilidad cuando, desde la posesión de Duque, más de 120 líderes sociales han sido asesinados, de los cuales 14 pertenecían a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del departamento de Nariño que se encuentran en contextos de disputa por los territorios y la restitución de tierras.
La fuerza creciente de la Minga no solo enfrenta la represión del Gobierno sino también enfrenta el rechazo y la descalificación por parte de los partidos de derecha y los gremios, especialmente en el departamento de Nariño, representados por Camacol, Fenalco y la Cámara de Comercio de Pasto, quienes han hecho público su descontento al punto de denunciar ante la Fiscalía a los organizadores del paro. A lo anterior se suman las voces de los grandes sectores empresariales del Cauca, que instan a no realizar ningún tipo de concertación con la Minga mientras exista el cierre de vías, acusando a quienes protestan de ser ‘terroristas’.
Estas posiciones del Gobierno y de un sector empresarial niegan la diversidad étnica y cultural de Colombia, así como la existencia de más de 103 pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas y diversos sectores sociales y populares, a los cuales el Estado no garantiza sus derechos democráticos. A dichos sectores les molesta que en el suroccidente se hayan gestado procesos políticos alternativos por la defensa del territorio y las fuentes de vida como respuesta a las grandes amenazas que representan los grandes proyectos de explotación minera, los monocultivos, la expansión de la frontera agrícola y los proyectos de infraestructura.
La actitud displicente y represiva del Gobierno y sus leales patrocinadores empresariales hacia la Minga indígena, campesina y afrodescendiente se enmarca dentro de un proyecto fascista más amplio promovido por el actual partido de gobierno que niega la existencia del conflicto armado en Colombia, pretende construir una versión de la historia ajustada a su inicua visión de país y adecuada a sus intereses y privilegios de clase para legitimar el despojo, desconoce la lucha de clases que existe en Colombia desde hace más de 200 años, despoja derechos y arremete contra el ordenamiento social de derecho para lo cual pretende, por un lado, reformar la Constitución para eliminar el Acto Legislativo 001 de 2017 que brinda garantías para la implementación del Acuerdo de Paz y, por otro lado, debilitar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), buscando deslegitimarla e impedir que avance en la búsqueda de la verdad y en el juzgamiento de los máximos responsables entre agentes del Estado, políticos y empresarios que actuaron con sistematicidad en el exterminio físico y cultural de múltiples sectores sociales en Colombia.
Con la movilización actual se disputa el futuro mismo de las comunidades y la defensa de sus territorios, así como los derechos democráticos que se han conseguido durante años de lucha y movilización, y que hoy se encuentran amenazados por el régimen de Duque. Es por ello que, desde el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (Modep), apoyamos el justo derecho del pueblo a la protesta y nos sumamos al llamado de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles, docentes y de mujeres para que nos unamos y, a una sola voz, rechacemos todas las posiciones fascistas representadas en los grandes sectores económicos que quieren criminalizar las justas luchas del suroccidente. Instamos a la ciudadanía a movilizarse de todas las formas posibles, a salir a las calles a manifestar nuestra solidaridad con la Minga y a desenmascarar este régimen, juntar nuevas voces, expresar nuestra indignación y seguir preparando el paro nacional del 25 de abril de la manera más diversa y amplia posible para reclamar nuestros derechos como pueblos
¡Opinar diferente no es un delito, es un derecho democrático!
#PuebloLaMingaTeEspera
#OtraColombiaSíEsPosible
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (Modep)
Marzo 28 de 2019
Ver ademas enlace:
http://www.modep.org/2019/03/29/somos-pueblo-somos-minga/#prettyPhoto
