(Fotos de los niños masacrados por el Ejército Colombiano, expuestas por sus familiares el el parque principal del Municipio de Pueblo Rico Antioquia)
(Foto: 15 de agosto Pueblo Rico – Antioquia, familiares de las víctimas exigen justicia)
Este hecho más conocido como la “Masacre de Pueblo Rico” fue asumido desde sus inicios por el Fuero Penal Militar debido a que los hechos fueron manejados como un error militar, puesto que las autoridades manifestaron que se había presentado una confusión de los niños que iban vestidos de vivaces colores, con miembros de la guerrilla.
Hace cuatro años el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo planteaba:
“Las puertas de la justicia han sido cerradas ante los clamores de los familiares y de quienes los acompañamos, imperando por tanto la impunidad, que hizo su última aparición a finales el año pasado cuando decidió emitir Resolución de Acusación contra un Sargento Segundo y 10 soldados por homicidio culposo y lesiones personales culposas, mientras que cesó el procedimiento contra un Capitán Primero, un Capitán Segundo y 15 soldados regulares. A la fecha se espera la celebración de Consejo Verbal de Guerra ante el Juzgado 8 de Brigadas del Ejército en septiembre próximo”.
(Foto: Movilización maestros de Pueblo Rico y Over Dorado Cardona ex presidente de ADIDA y ejecutivo de FECODE)
Humanidad Vigente quiere hacer un llamado al Estado colombiano a que asuma integralmente las obligaciones contraídas internacionalmente y establecidas en los diferentes pronunciamientos en los Informes para Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y muy especialmente la Recomendación No. 45 de las Observaciones Finales para Colombia del Comité de los derechos del Niño, emitidas el 08 de 2006 de junio.
El 15 de agosto de 2010 la población del municipio de Pueblo Rico exigió al Estado colombiano a que acabe con la legalidad de la impunidad, a realizar con urgencia investigaciones penales de violaciones de derechos humanos en casos en los que niños han periodo la vida y vele por que los autores comparezcan ante la justicia con carácter de máxima prioridad. Además, el Comité solicita que el Estado Parte respete sus obligaciones jurídicas internaciones en relación con las garantías de un juicio justo y se asegure de que todas las investigaciones se llevan a cabo de forma independiente e imparcial.