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Enero, 28 de 2010
Frente a la propuesta del Presidente Álvaro Uribe Vélez de vincular a estudiantes de Medellín para que sean “informantes” de la fuerza pública, no cabe otra palabra que de rechazo a otras de sus actitudes facistoides en el país. Independientemente de los “ajustes” a su propuesta inicial, que seria para estudiantes mayores de edad que vivan en las comunas en conflicto, o de organizar la población con “un líder por cuadrante, barrio o unidad cerrada”, como explicó el General Naranjo, considero que esa propuesta tiene varios aspectos y consecuencias nocivas:
(Foto: IPC -Estudiantes Medellín)
· Involucraría a la población civil en el conflicto armado, colocando a los jóvenes como carne de cañón.
· Esta fue la estrategia que se utilizó con las Convivir y luego de estas surgieron parte de los grupos paramilitares.
· Esta propuesta involucraría de manera directa e indirecta a los menores de edad, al tiempo que se traduciría en un incremento directo de la violencia contra las instituciones educativas y las universidades. Ahora el conflicto se extendería no sólo a los “informantes” sino sus familias, a los demás estudiantes, a profesores, directivos docentes y personal administrativo de los centros educativos.
· El gobierno de la seguridad democrática quiere culpar al pueblo de la condición actual de violencia e inseguridad, pues el conflicto se le salió de las manos, lo que demuestra la crisis no solo del gobierno sino de bandera y columna vertebral de su programa cual es la seguridad democrática.
· La seguridad democrática ha centrado todo su esfuerzo en la militarización de la sociedad y el incremento de la guerra, el aumento de la fuerza pública a nivel nacional en seis años paso de 260.000 efectivos a 445.000. En el caso de Medellín el año pasado se incremento en abril en más de 600 militares y policías, en agosto se aumentó en otro 20% en policías. Este año con 170 soldados, llegarán además 1.300 policías a la capital antioqueña y 137 investigadores de la Policía Judicial.
Coincido con los pronunciamientos de líderes políticos y de las ONG’s en el sentido de que propuestas como la del presidente Uribe evidencian la crisis de la seguridad democrática que ha servido para fortalecer la guerra y no para proteger a la población civil.
El departamento de Antioquia y Medellín merecen especial atención por parte de la opinión pública nacional y de la comunidad internacional, pues se ha regresado a una situación de violencia que se tenía en el año 2003.
Cuestiono la actitud del Dr. Luis Alfredo Ramos Botero Gobernador de Antioquia, al apoyar esta medida antidemocrática e ilegal y lo llamo para que junto con el Alcalde de Medellín Alonso Salazar, se busquen salidas a la crisis de violencia y no convertir a los centros de enseñanza en centros de la guerra, en abierta violación a los Protocolos y convenios internacionales, los cuales establecen claramente que “las partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños menores de quince años y jóvenes no participen directamente en las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas”.
Es por eso, que las instituciones educativas no son un “criadero de sapos”, son espacios para la construcción de la paz, la democracia, la convivencia escolar. Luchemos por una cultura para la democracia y la paz con justicia social.