Por OVER DORADO CARDONA
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La declaratoria de “emergencia social para salvar el sector de la salud al incorporar por esta vía los recursos requeridos para financiar el sistema” es una medida autoritaria para crear nuevos impuestos en departamentos y municipios e inútil frente al deterioro del Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS-.
Además, se acentúa el Presidencialismo y la centralización de los poderes públicos del Estado que ha sido una constante en el mandatario y en su Plan del gobierno “Hacia un Estado Comunitario”, lleva a que la utilización de estas figura constitucional de la Emergencia social – Estado de excepción- constituya un paso más para el cierre de los pocos espacios democráticos que aún quedan, en la medida en que las normas producidas a su amparo no se someten al trámite regular del poder legislativo (Así este arrodillado en su mayoría a las pretensiones del actual gobierno) y en otros espacios de debate y discusión de las organizaciones sociales y populares.
En el marco de la actual crisis económica a nivel mundial se mueven discusiones sobre el desarrollo de la crisis de la economía capitalista y sus muchas implicaciones. La crisis se extiende sobre los países dependientes de todo el mundo, América Latina y Colombia en particular. Las potencias imperialistas buscan que la crisis la paguen los otros países –Los dependientes- y por obvia razones los pobres y la población más marginada y explotada.
El sector salud vive un problema estructural, el cual con la crisis económica a nivel mundial se profundiza en Colombia.
La expedición de la ley 100 de 1993 cuyo ponente fue el hoy Presidente y entonces senador, vuelven este derecho fundamental un servicio, negocio o mercancía.
Mercantilización encarnada por el capital financiero tras EPS beneficiadas del Plan Obligatorio de Salud (POS) que cubre poco a los pacientes descargándoles muchos costos, mientras el Estado subsidia las EPS a través del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) que tiene 8.6 billones en caja para enjugar el déficit fiscal del gobierno mientras deja de pagar 70 de cada 100 pesos facturados por los hospitales.
Pero con la política de estado con la aplicación del neoliberalismo, llevando a la flexibilización laboral, a las privatizaciones y más leyes que se ajustaran a estos requerimientos; en la salud hay dos aspectos fundamentales a resaltar:
El freno en el crecimiento del Régimen Contributivo desde hace cerca de una década y la disminución de los recursos del Estado para financiar a todos los colombianos que no están en dicho régimen.
Esto ni siquiera dejó ver las supuestas bondades de la Ley 100 de 1.993.
Régimen contributivo frenó su crecimiento hace cerca de una década, en función de la flexibilización laboral, la informalidad del trabajo y las distintas formas de contratación indirectas, a través de cooperativas, de prestación de servicios, etc. Es decir, se estancó el trabajo formal en Colombia a raíz de las reformas de los años 90, realizadas por el mismo Presidente de la República en ese entonces Senador de la República. El Código Sustantivo de Trabajo no se aplica en la práctica a un gran porcentaje de la población que trabaja como es el sector informal, que representan el 50% de la Fuerza laboral.
La Ley 100, en su exposición de motivos, pronosticaba que un 70 por ciento de la población entraría al Régimen Contributivo y el 30 por ciento restante lo haría a la seguridad social, a través del Régimen Subsidiado, la realidad actual muestra que el Régimen Contributivo apenas logró cubrir un poco más de un tercio de la población -40 por ciento-, dejando en manos del Régimen Subsidiado la responsabilidad de financiar a la mayoría de la población. Este es, justamente, el primer problema.
Menores recursos de la Nación. El segundo problema, tiene que ver con la disminución de los recursos de la Nación para financiar la salud de toda la población que no está en el régimen contributivo.
A pesar de que, en pesos corrientes, crecen los recursos que financian al régimen subsidiado y a la red hospitalaria del país, la proporción que el Gobierno destina de su presupuesto para la salud a las Entidades Territoriales se viene recortando desde el 2000, a través de la reducción porcentual en las transferencia a estos Entes como proporción de los ingresos corrientes de la Nación. Esto obedece a las leyes y reformas constitucionales sucesivas implementadas durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Acto legislativo 01 de 2001-Ley 715 de 2001 y acto legislativo 04 de 2007).
Cuando se hacen las cuentas sin la solidaridad del FOSYGA, que es pagado por los trabajadores del Régimen Contributivo para aportarles a los del Subsidiado, el esfuerzo fiscal, derivado exclusivamente del presupuesto nacional, cae del 11 al 6,5 por ciento en el mismo periodo. Es decir que, en el año 2000, de cada 100 pesos que recibía, la Nación destinaba 11 pesos para los servicios de salud en los departamentos y municipios, y ocho años después sólo gira 6,5 pesos.
Lo que el Gobierno destina para la salud- es cada día menor proporcionalmente, y eso se refleja y profundiza la crisis del sector. Para el 60 por ciento de la población colombiana que no está en el Régimen Contributivo (subsidiado o sin seguridad social) el Estado dedicaba entre 1.4 y 1.2% del PIB, contando la solidaridad del FOSYGA o entre 1,1 y 0,9 por ciento del PIB, sin esta solidaridad pagada en su mayoría por los a portantes al Contributivo.
El Gobierno Nacional sigue haciendo demagogia con la salud al presentar un Presupuesto General de la Nación 2010 -PGN- aprobado el pasado 20 de octubre de 2009, que utiliza una tercera parte -$148.3 billones- de la riqueza generada por los trabajadores o Producto Interno Bruto -PIB-, no es un presupuesto “equilibrado y racional”, no atiende la inversión en el sector de la salud y de mas sectores de la inversión social, mientras sigue fortaleciendo los gastos burocráticos y represivos en relación al año 2009 con incremento del cerca de 7%.
El desastre social lo agudiza la postración del servicio de salud para el pueblo con el Seguro Social liquidado, hospitales cerrados y el resto al borde de la quiebra que hacen inaplicable y demagógica la ampliación de la cobertura popular (o “sisbenización”), el lucro de la industria farmacéutica y los intermediarios de la salud que se quedan -a veces- hasta con el 30% del presupuesto, y se complica con la deuda de los entes territoriales por tratamientos que no están en el POS es de $500.000 millones, pero podría llegar a seis billones de pesos en 2011.
Mejorar la salud de los colombianos pasa por la derogatoria de la ley 100 de 1993 con un cambio constitucional y legal que garantice este derecho prestado directamente por el Estado eliminando la intermediación, garantizando el acceso a los pobres con calidad y oportunidad, incrementando el presupuesto nacional en salud con los cuantiosos recursos hoy usados en el pago de la deuda y la represión o “seguridad democrática”.
La salida a la crisis social sólo puede abanderarla el movimiento social y político popular, democrático, progresista y de izquierda, como lo han mostrado los trabajadores, estudiantes, campesinos e indígenas a través de la historia, debemos demandar y trabajar por la conquista de un gobierno democrático, patriótico y antiimperialista.
¡Atrás el referendo reeleccionista!
¡Que se vaya Uribe!
Rober me dijo de forma “confidencial” la seña que ustedes convinieron para que el unico microfono que funcionara en determinados momentos de la Asamblea fuera el suyo (Overr Dorao); lo felicito sabe manipular y tergiversar muy bien; la Asamblea le avalo un presupuesto que tiene serios desajustes; siga usando la plata de los maestros para su campaña Politica.