R. Dominicana, Santo Domingo, noviembre 20 de 2011.
VIII Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Sindicalistas –ELCS-.
SITUACION ECONÓMICA Y POLITICA NACIONAL
(En la foto: Gonzalo Hoyos Alzate-Secretario ejecutio del CNSCGM, ponente sobre la situacion politica en Colombia, en el VIII ELCS)
Hemos caracterizado el Estado colombiano como burgués pro imperialista, instrumento con el cual se administra y gobierna una sociedad capitalista atrasada donde hoy se aplica un modelo económico neoliberal que defiende los intereses de quienes detentan el poder económico y político del país en detrimento de las mayorías profundizando la explotación.
La crisis general del capitalismo –y sus crisis cíclicas- han afectado enormemente la economía Colombiana como país capitalista atrasado y dependiente del imperialismo Norte Americano, al seguir fielmente los gobiernos de turno, las imposiciones de la Casa Blanca y los instrumentos internacionales del imperialismo como son el Fondo Monetario Internacional –FMI- y demás instituciones financieras, comerciales y empresas multinacionales en la fracasada idea de que sus medidas pueden sacar del atraso al país y blindarse ante las crisis
Entre las imposiciones del imperio que son semejantes para los países de América latina tenemos: Garantizar en el presupuesto General de la Nación el pago del servicio de la deuda externa y la interna que enmascara el endeudamiento externo; incremento del rubro destinado a la guerra y seguridad (con el sofisma de la defensa de la democracia y los derechos humanos para “librar la población del terrorismo”) en detrimento de la inversión social acrecentando más la pobreza y la miseria; la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que agudizará la crisis económica de nuestro país, porque lo poco que queda de industria y agricultura se arrasará. En resumen, estas medidas tienen como damnificados el pueblo, los trabajadores y el movimiento sindical, así como al campesinado pobre y medio, a los pequeños y medianos propietarios de la ciudad, ya que se ha descargado la crisis sobre estos sectores.
El fenómeno de la niña (ola invernal) ha agudizado la crisis económica porque el estado no tiene capacidad para responder a esta situación; la infraestructura vial y de parte importante del saneamiento básico está destruida y su mantenimiento está privatizado; llegó la segunda ola invernal y las ayudas prometidas en la anterior, no han llegado a los damnificados que aumentan en progresión geométrica.
En materia política se vienen dando unos factores de descomposición que se reflejan en la crisis de las estructuras del estado: se pone en duda la capacidad de la policía y de las fuerzas armadas que pregona el gobierno y sus mandos porque aumenta la inseguridad en las calles y la insurgencia no deja de combatir con éxito, incremento del terrorismo de estado, incremento de la impunidad, la profundización de la corrupción, del clientelismo y la politiquería, contubernio con las mafias narco tráfico y paramilitarismo.
Una prueba de lo anterior fue el desarrollo del proceso de la campaña política electoral llevada a cabo el 30 de octubre de 2011, donde se eligieron las corporaciones públicas (concejos municipales y asambleas departamentales) y ejecutivos regionales (alcaldes municipales y gobernadores departamentales); proceso que se desarrolló en el marco de de una crisis de los partidos políticos, cuestionados la mayoría de ellos por la corrupción, la vinculación de algunos de ellos con el narcotráfico y el paramilitarismo; donde como de costumbre en este proceso antidemocrático se repitieron los fraudes haciendo gala de todos los delitos electorales a pesar de que la Misión de Observación Electoral –MOE- lo había advertido, pero los organismos responsables de garantizar la transparencia del proceso, no tuvieron la capacidad para hacerlo y que se diera una jornada realmente democrática y trasparente; de ahí las asonadas en más de 50 municipios del país inconformes con los resultados, no porque hayan sido malos perdedores como afirmó el presidente Juan Manuel Santos (eludiendo la responsabilidad de estos hechos) sino porque la corrupción, la trashumancia electoral, la actuación política y administrativa para asegurar candidaturas irregulares e ilegales desde la registraduría de funcionarios públicos a favor de un determinado candidato, la compra de votos, es decir los delitos electorales fueron evidentes.
(En la foto: Parte de la elegacion de Filipinas y delegados y delegadas al VIII ELCS, Noviembre 18, 19 y 20 de 2011. R. Dominicana, Santo Domingo)
En Colombia se viene desarrollando un proyecto de corte derechista, autoritario de tipo fascista el cual se expresa en: ponerse al servicio de los monopolios extranjeros y nacionales, en la privatización de los activos del estado y de los servicios públicos de responsabilidad del mismo, disminuyendo el papel de garante de los derechos fundamentales que ya era débil; implementación de reformas en detrimento de los intereses de las mayorías con el mecanismo de emergencia económica y social; buscando los pactos sociales que admitan el recorte de derechos o el status quo; cooptando franjas de la pequeña burguesía especialmente a líderes políticos socialdemócratas, líderes sindicales y sociales, organizaciones sindicales y sociales con el tan sugestivo como demagógico llamado del gobierno a “la unidad nacional” y buscando profundizar la política neoliberal mezclándola con algunas medidas asistencialistas; a esto se suma la penalización y criminalización de la protesta social incluyendo leyes que el reaccionario Álvaro Uribe no logró imponer en sus 8 años como presidente.
Hemos defendido la caracterización del gobierno de Juan Manuel Santos como hábil y audaz para hacer cambios en la forma y diferenciarse del desprestigiado fascista Uribe, pero continuista y profundizador de la política neoliberal y fascistizante que es la esencia de los gobiernos de Colombia desde el siglo pasado que han endurecido el régimen; se presentan ante el mundo –en la palabra y el papel– como democrático, pero es tan reaccionario o más que el gobierno de Uribe. Subrayamos lo anterior porque se ha generado confusiones en el exterior que han beneficiado al régimen; Santos actuando con una forma y estilo diferente al anterior gobierno, ha logrado en poco más de un año lo que el gobierno de Uribe no pudo hacer en ocho años de mandato como: la aprobación del Tratado de Libre Comercio –TLC– con los Estado Unidos; la aprobación de un paquetazo legislativo; la firma de más de 80 decretos haciendo uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso; incremento de la criminalización y penalización de la lucha social con las leyes de inteligencia y de seguridad, al igual que el sostenimiento de la economía de guerra con normas como la regla fiscal acompañada de la pretensión de mejorar el llamado “fuero militar” para ampliar el marco legal pro fascista protegiendo más a los militares y policías de las consecuencias jurídicas por sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que alumbra el terrorismo de estado como gran nervio de la doctrina militar que el imperialismo y su Comando Sur aplican en Colombia para afrontar el conflicto político, social y armado que nos afecta desde mediados del siglo XX. Esas medidas a favor de los militares son grandes motores de la actual degradación del conflicto que afecta a la población civil o no-combatiente que sufre la desaparición, la tortura, el desplazamiento, la detención ilegal, las ejecuciones sumarias cuando se sospecha que alguien es un insurgente y –quizás la peor de todas las degradaciones- los llamados “falsos positivos” o crímenes pre meditados de la fuerza públicas. Como parte de las audacias de Santos, ladino jugador poker, que ahora manda a la Corte Penal Internacional a su ministro de justicia porque pretende desvirtuar o sembrar un manto de duda sobre la realidad cruda de masacres tan espantosas como las de Mapiripán y Trujillo apoyado en la sospechosa aparición de una falsa víctima, caso excepcional que en primer lugar involucra a la Fiscalía General que recibe los testimonios y por tanto no hace responsables al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ni al movimiento de derechos humanos y los abogados que lo apoyan.
Avanzan los tres ejes de la política iniciada por el gobierno de Uribe: Seguridad Inversionista, cohesión social y seguridad democrática, esta última con el nombre de prosperidad democrática que es un estadio más avanzado de la seguridad democrática eje fundamental del Estado Comunitario. Lo anterior se refleja en la implementación de las llamadas “5 locomotoras”:
– Innovación científica,
– Minero energético.
– Infraestructura vial,
– Agricultura.
– Vivienda.
Locomotoras que se vienen implementando a través de los diferentes proyectos unos de acto legislativo y otros de ley. El problema de estas locomotoras es que no tiene gasolina para arrancar por al crisis económica.
El gobierno actual está jugando a la cooptación no solo de dirigentes sindicales sino también del movimiento sindical y social, para lo cual está utilizando como puntas de lanza a Angelino Garzón Vicepresidente de la república, ex ministro del trabajo del conservador Pastrana y ex dirigente sindical y a Julio Roberto Gómez secretario de la Central de Trabajadores Demócratas CGT (dirigente sindical socialdemócrata, seguidor del ex izquierdista Gustavo Petro, alcalde electo de Bogotá con el apoyo tácito de Santos y un sector oligárquico) quienes pretenden suplantar las organizaciones sindicales y sociales en detrimento de los intereses de los trabajadores y el pueblo como bien ilustrado queda al crear con apoyo de varios ministros de Santos, en los campos petroleros que explota la multinacional Pacific Rubiales, un sindicato paralelo apéndice de la patronal a la Unión Sindical Obrera, USO, sindicato de la industria del petróleo, trabajando en la nefasta idea de ir llevando al movimiento sindical y social a la conciliación de clase.
Como se puede percibir, el papel que juega la socialdemocracia en Colombia es igual al que juega a nivel internacional: perverso, porque lo que hace es fomentar la contención de la lucha social para ayudar a paliar la crisis del capitalismo haciendo que la crisis no la paguen los ricos sino los oprimidos y explotados.
Es tan grave la crisis, que el margen de maniobra de este gobierno son procesos de corto vuelo; ni la demagogia, ni la política asistencialista, ni la cooptación de dirigentes y organizaciones sociales han dado resultado para sofocar al protesta social, por el contrario se ha agudizado, gracias al inconformismo de las masas. La lucha tenaz de los obreros petroleros y la comunidad popular de la región contra Pacific Rubiales y otras multinacionales con explotaciones en los llanos y contra la propia estatal en vía de privatización, Ecopetrol. Las luchas de los obreros del carbón con varias multinacionales gringas y europeas, al igual que las del magisterio y muchos trabajadores tercerizados dan cuenta de esa realidad de ascenso.
Pero en especial, cabe resaltar la gran movilización estudiantil universitaria, con solidaridad de la secundaria y enseñanza técnica en el Sena, que en su desarrollo obligó a Santos a retirar su proyecto de ley del Congreso y disponerse a atender las exigencias estudiantiles.
Se percibe una tendencia de ascenso del movimiento de masas evidenciado en la agudización de las protestas que reivindican derechos como el empleo, la educación, la salud y mejores condiciones de vida para la población, fruto de la agudización y profundización por este gobierno de la política neoliberal.
Los nuevos espacios de coordinación y unidad de acción (Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Colombia, con la presencia de fuerzas políticas de oposición como el MCP-POLO y la Gran Coalición Democrática) son otra expresión de la tendencia al ascenso de la lucha popular, ellos se están trabajando por la organización y preparación de un Paro Cívico Nacional y la elaboración de un pliego de exigencias al gobierno de Santos y la oligarquía.
Si caracterizamos al gobierno de Santos de ser continuador de las políticas de seguridad democrática, de mantener la dependencia a los imperialistas como gobierno lacayo y mantener una política anti popular contra el pueblo colombiano, lo menos que podemos hacer es declararnos en resistencia y rebeldía a sus políticas y no permitirnos debilidades ideológicas y políticas al pensar que es un gobierno distinto, que estamos ante una supuesta “transición hacia la democracia” luego de Uribe, como lo argumenta la socialdemocracia y otras corrientes oportunistas de derecha.
En esa perspectiva, estamos convencidos que este gobierno no es el gobierno de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿por qué defenderlo o unirnos a él?, ¿Por qué la insistencia de un sector de dirigentes sindicales y políticos mal llamados de izquierda de ponerse al lado del gobierno firmando acuerdos de “unidad nacional”?
En esa medida, quienes acuden al llamado del gobierno actúan más por sus intereses particulares que por los de la clase trabajadora, es la manifestación clásica del oportunismo que carcome las posiciones socialdemócratas al interior del movimiento político y social, que solo se pueden asemejar a las posturas pequeño burguesas aconchadas y camufladas como parte de la izquierda y en el sindicalismo y otras variantes de los movimiento sociales.
Contrario a estas posturas, el gobierno que queremos debe ser democrático, patriótico y antiimperialista, construido desde el pueblo y para el pueblo como constituyente primario que defienda la producción nacional y desarrolle una política social poniendo al frente la garantía de los derechos fundamentales para el pueblo. Que acabe con el conflicto interno trabajando por una paz democrática. Que desarrolle una política internacional de respeto a la soberanía de todos los pueblos y naciones y adelante unas relaciones económicas, sociales y culturales en beneficio mutuo que sirva para estimular la unidad latinoamericana contra el imperio del norte.
(Con la foto: logo del VIII ELCS, R. Dominicana)
El gobierno que queremos será una realidad con la organización y la lucha popular directa en sus distintas formas, bajo los postulados de una Nueva Constitución garantista de los derechos sociales y los derechos humanos.
El Colectivo Nacional Sindical Clasista, Se planean las siguientes banderas de lucha:
– Que la crisis la pague los ricos.
– Por un plan de vivienda digno y reubicación de los damnificados.
– El empleo debe ser el eje de construcción del tejido social
– Por formas organizativas que permitan aportarle a este proceso
– Por vivienda y empleo digno
– Por educación y salud gratuita.
– Por la despenalización de la protesta social
– Por un pliego nacional de peticiones
– Por el respeto a los derechos humanos.
– Por un gobierno democrático y popular.
DIRECCION NACIONAL
COLECTIVO NACIONAL SINDICAL CLASISTA “GUILLERMO MARÍN”